Antecedentes académicos y profesionales

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Buenos Aires, Argentina
Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Director del Departamento de Derecho Procesal Civil (Universidad Austral, Buenos Aires). Profesor Adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente estable en la Maestría en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Profesor Invitado a la Especialización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y a la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Abogado y experto en litigación. Consultor internacional. Autor de cuatro libros y más de treinta artículos de doctrina, además de haber escrito otros tres libros como coautor y participado en obras colectivas. Sus trabajos de doctrina fueron publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de CPCCN

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Bienvenidos. Muchas gracias por visitar el blog. Encontrarán algunas novedades e información sobre distintas actividades académicas y debates procesales. También se irán presentando mis publicaciones, incluyendo artículos de doctrina relacionados con el derecho procesal y los sistemas de justicia en Latinoamérica. El desafío es construir juntos, a partir de los Derechos Humanos bien entendidos, una justicia mejor, que se ocupe del hombre que acude a ella.
Quedo a disposición para cualquier consulta que deseen en: gcalvinho@gmail.com. También podés seguirme en twitter: @gustavocalvinho
Saludos desde Buenos Aires.
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27 de marzo de 2013

¿QUÉ ES EL DECISIONISMO?


         Ya nos hemos referido en este blog a la disputa entre activismo judicial y garantismo procesal, cuestión que sin dudas crea revuelo en el procesalismo de hoy. El activismo judicial ―a primer golpe de vista― puede parecer atractivo si atendemos sólo a la meta ―es decir, si asumimos una postura exclusivamente finalista― pues sus resultados se obtienen merced a un intervencionismo judicial en el método. Por consiguiente, acepta que se sacrifique la igualdad procesal y el derecho de defensa en juicio porque dicho intervencionismo de la autoridad implica modificar las reglas de debate, desplazando a una de las partes para que actúe en su lugar el juez, que ya deja de ser imparcial al perder su impartialidad[1]. Así, queda desnaturalizado el proceso, transformándose en puro procedimiento.

      Cuando la esencia del proceso como garantía se diluye hasta desaparecer, las partes extravían su lugar, su debate y las reglas preestablecidas, languideciendo o extinguiéndose toda posibilidad de control sobre la autoridad, que ahora encuentra el camino allanado hacia la omnipotencia, tan reclamada por algún neoconstitucionalista. Comprendemos la razón de por qué la garantía del proceso es insoslayable en todo diseño jurídico y político que se enfoque en el hombre y sus derechos humanos.
      Una vez confiscada a la persona la garantía del proceso, están dadas las condiciones para algunos excesos. Aquí nos interesa dedicarnos al decisionismo judicial.
      Los problemas para determinar con mayor precisión el ámbito de actuación de los jueces dentro del sistema fue consolidando una tendencia focalizada en la disputa del poder político con los otros poderes del Estado, que a veces se manifiesta en pronunciamientos jurisdiccionales fundados más en la voluntad del decisor que en el derecho.
      Atrás quedaron los tiempos donde se aceptaba la expresión non liquet que emitía el juzgador cuando no asomaba la claridad necesaria para resolver la cuestión[2]. Ulteriormente, razones más bien ligadas a la paz social y a la seguridad jurídica impusieron desde el ordenamiento legal ―incluso haciendo gala de ciertas ficciones― la obligación del sentenciante de pronunciarse en todos los casos. La pretensión se acoge o se rechaza, en ambos supuestos, total o parcialmente.
      Recordemos que la sentencia se debe dictar una vez transitado y agotado un proceso, pues es su objetivo. Esta resolución heterocompositiva reviste una particularidad: llegado el caso, puede ser impuesta a la parte perdidosa que intervino en aquél. O sea, no se trata de una simple decisión ―o mera selección entre alternativas― sino de una que debe cumplirse aun sustituyendo una voluntad con el uso de la fuerza legítima. Por consiguiente, este tipo de decisiones resolutivas no puede ser escindida de la idea de poder.
      Sin embargo, algunos magistrados evidencian una tendencia a dejar de lado el ejercicio adecuado de su poder, salteando límites y controles, inclinándose a no respetar el derecho. Por ello aparecen numerosos casos de jueces que en vez de decidir, practican el decisionismo.
      El decisionismo judicial incurre en el despropósito de pensar que juzgar es únicamente una cuestión de voluntad y no de razón. El decisionista niega los aspectos cognoscitivos, niega lo preexistente, lo predecible a que debe someterse. No considera como operación racional la consistente en decidir de acuerdo con el derecho y en justificar o motivar sus resoluciones, las que solo incluyen argumentos aparentes o pseudo-fundamentos.
      Al referirse al decisionismo judicial y al juez como normador, el profesor Alvarado Velloso[3] indica que en los últimos años, al socaire de una afirmada defensa de la Constitución, algunos jueces con vocación de protagonismo mediático han comenzado a intervenir en toda suerte de asuntos, propios de la competencia constitucional exclusiva de otros poderes del Estado, interfiriendo con ello en la tarea de gobernar. Y, de tal forma, han abandonado el juicioso acatamiento de la ley para entrar al campo del cogobierno y, aún más, ingresando a un terreno muy peligroso: el de una suerte de increíble desgobierno, ya imposible de controlar.
      De este modo ―sigue su explicación― y porque quienes así actúan sostienen que lo hacen por elemental solidaridad con el más débil, con el mal defendido, con el más pobre, con el que tiene la razón pero no alcanza a demostrarla, etcétera, se generó el movimiento que se conoce doctrinalmente con la denominación de solidarismo y que, porque se practica aun a pesar de la ley, decidiendo lo que algún juez quiere a su exclusiva voluntad, también se llama decisionismo.
      Añade que quien así actúa no cumple una tarea propiamente judicial, en razón de que con ello no se resuelven conflictos intersubjetivos de intereses, que es la esencia de la tarea de otorgar justicia conmutativa. Antes bien, practica justicia distributiva sin tener los elementos para poder hacerlo: en primer lugar, la legitimidad de la elección por los votos del pueblo; luego presupuesto adecuado, conocimiento de la realidad general y del impacto que causará en la sociedad el dar a unos lo que las circunstancias de la vida niegan a otros. Finalmente, deja en claro el voluntarismo del que se vale el decisionismo, pues destaca que la denominación decisionista encuentra su origen en el deseo de resolver algo a todo trance que muestra el juez y que está basado en su propia voluntad aunque, a veces, el resultado así obtenido repugne al orden jurídico[4].
      Esta inclinación decisionista que actualmente crece en varios países, conduce en muchos casos a que los jueces en vez de ejercer el poder, lo ostenten primero y lo detenten después. Y por consiguiente, casi sin advertirlo, dejan de juzgar para pasar a sojuzgar. De esta manera, consideramos de vital trascendencia remarcar la necesidad de respetar el método para arribar a la meta. Que las decisiones judiciales sean el objetivo de un proceso y el fruto del derecho.




[1] De allí que el activismo se vea obligado a considerar sólo un concepto limitado de la imparcialidad.
[2] El juez no puede dejar de fallar por insuficiencia u oscuridad de la ley y su decisión debe ser expresa en aquellos procedimientos que no admiten la absolución de instancia. Antiguamente, además de la absolución de la demanda, se conocía la absolución de la instancia, no de la reclamación que se hacía al demandado o de la cosa que se le pedía, sino tan sólo del juicio o procedimiento seguido. Esto se verificaba cuando no aparecían méritos bastantes de las pruebas practicadas para condenarle ni absolverle libremente y no obstante arrojaban los autos lo necesario para persuadirse el juez de la justicia o de la injusticia de las reclamaciones o defensas, aunque no por un pleno convencimiento. En estos casos podía el demandante entablar un nuevo pleito, si había encontrado nuevas pruebas en que fundar su acción ―rectius, pretensión― (Alsina, Hugo: Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2ª  ed., Ediar, Buenos Aires, 1963, t. IV, pp. 88-89).
[3] Alvarado Velloso, Adolfo: El debido proceso de la garantía constitucional, Zeus, Rosario, 2003,  pp. 220-221.
[4] Ibídem, p. 220, nota 39.

6 de noviembre de 2012

ACTIVISMO JUDICIAL VS. GARANTISMO PROCESAL: PREGUNTAS Y RESPUESTAS


Aún pecando por simplistas, existe cierto consenso en reducir a dos grandes tendencias las líneas del pensamiento procesal de renovada vigencia y mayor predicamento en la actualidad: el activismo y el garantismo. Nuestro objetivo será introducir al lector en algunas de las aristas que diferencian a ambas corrientes, a partir de las respuestas a interrogantes que iremos proponiendo. El debate entre  activismo y garantismo ayuda a recobrar el interés  por algunos temas que merecen ser repensados. 
Porque el derecho procesal es mucho más entretenido cuando se discuten ideas que cuando se limita a repetir lo que dicen las normas de procedimiento.

¿Cuál es la principal distinción entre el activismo y el garantismo?
Sencillamente, su punto de partida, que permite el desarrollo de concepciones nítidamente diferentes sobre el mismo fenómeno. Así como intelectivamente podemos construir un sistema político, jurídico y social privilegiando al Estado o, caso contrario, a la persona humana, también es posible trasladar este dilema en la edificación de un modelo de justicia ―o sistema de enjuiciamiento, que funcionalmente se comporta como un subsistema del macrosistema político y social―. Por consiguiente, podremos estructurarlo atendiendo en mayor medida a la autoridad que resolverá heterocompositivamente los litigios, o enfocándonos en las personas alcanzadas por éste. Recordemos que por litigio entendemos la afirmación en el plano jurídico de la existencia de un conflicto intersubjetivo de intereses. Entonces, es factible diseñar un sistema de justicia más preocupado por la persona que debe recurrir a él que por la autoridad que la imparte. En definitiva, la plataforma de lanzamiento podrá ser situada ora en el hombre que actuará como parte procesal, ora en la autoridad que hará las veces de juez o árbitro.
Lo apuntado ayudará para explicar a continuación la completa denominación que conferimos a una y otra corriente.

¿Por qué entendemos que corresponde hacer referencia a activismo judicial o, también, jurisdiccional?
Porque en él, la figura del juez o árbitro, o sea la actividad del órgano jurisdiccional, adquiere un grado de preponderancia tal, que en algunas ocasiones no es difícil traspasar el límite ―que indica que la autoridad, al igual que todos, debe obedecer el derecho― y desembarcar en el decisionismo voluntarista. El rol del juez es protagónico, y es el encargado de hacer justicia, su justicia, en el caso concreto. La influencia de ideas publicísticas muy en boga en la primera mitad del siglo pasado se hace patente.

¿Y por qué hablamos de garantismo procesal?
Porque en él, el irrestricto respeto de los derechos y garantías reconocidas por las constituciones nacionales y los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se cristalizan en el proceso, que representa la garantía de garantías y constituye el instrumento por antonomasia para hacer efectivizar todos y cada uno de los derechos reconocidos explícita o implícitamente por el macrosistema político y social.

¿Cuáles son las consecuencias, desde una perspectiva estrictamente procesal, que emanan del activismo y del garantismo?
La aludida influencia ejercida por el pensamiento publicista instaló la apreciación de que el derecho procesal era mera técnica volcada a normas de procedimiento, desprovista de todo trasfondo ideológico y político. Este intento fue, de alguna manera, desdibujando el objeto de estudio a fuerza de confusión conceptual: no se exhibían las claras diferencias entre el proceso y el procedimiento. Al punto que Eduardo COUTURE, en algún momento y con la profundidad y sencillez que lo caracterizaba, puso las cosas en su lugar exclamando que el mismísimo nombre de nuestra disciplina ―derecho procesal― señala que el objeto de conocimiento no es otro que el proceso.
El activismo judicial, fiel al protagonismo de la autoridad que propaga, conduce a la procedimentalización y al intervencionismo judicial, fomentando mayor poder para los jueces a través de facultades probatorias e instructorias para buscar la verdad, a efectos de aplicar un criterio de justicia al caso concreto.
El garantismo procesal, en cambio, pone el foco en el objeto de estudio del derecho procesal, y rescata al proceso como medio de defensa del ser humano, que debe ser escuchado antes de ser juzgado. Con la diferencia de que la autoridad debe ser imparcial ―tal como lo indica el art. 10 de la DUDH― y, por tanto, es llamada sólo para juzgar; por ello se descarta toda posibilidad de que acuse y pruebe contra alguna de las partes.

¿Puede trazarse algún correlato entre cada una de estas tendencias y los sistemas políticos actuales?
Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, desde la caída del Muro de Berlín, en el mundo sólo subsisten los regímenes autocráticos y los democráticos. Mal que les pese a sus seguidores, el activismo judicial con su esquema de poder concentrado en una autoridad jurisdiccional que impone, se siente más cómodo en una autocracia. Caben destacarse grandes esfuerzos teóricos para insertar el activismo en la democracia, por parte de varios doctrinarios ―algunos de los cuales revisten en las filas del neoconstitucionalismo― quienes, luego de aplaudir la famosa Corte Warren, tratan de justificar que la última palabra del sistema democrático en el siglo XXI la tienen los jueces, proclamándose hasta la omnipotencia judicial como solución a los problemas actuales. Si la humanidad luchó durante siglos con el afán de limitar y controlar el poder, sosteniendo instituciones republicanas, aumentando la representación y fomentando el diálogo y el consenso con el objetivo de apuntalar la democracia como forma de gobierno, cuesta aceptar que dejar todo en manos de una sola persona muy poderosa que tiene la última palabra, llamada juez, sea una idea esencialmente democrática.
A su turno, el garantismo procesal permite construir a partir de las entrañas mismas de los derechos humanos ―la dignidad humana― un verdadero sistema de enjuiciamiento para la democracia moderna, la cual tiene carácter bidimensional ―comprensiva de una faceta procedimental, integrada por los mecanismos de elección de representantes, y una sustancial, que constituye la puerta de ingreso de los valores propiamente democráticos―. Esto es posible desde que, para el garantismo, el proceso es método de debate en igualdad jurídica de condiciones ―es medio y no fin en sí mismo― a través del cual la persona humana es escuchada por el tercero imparcial antes de resolver observando reglas preexistentes. Valores democráticos tales como la igualdad, el consenso, la seguridad, la previsibilidad y el diálogo, se ven reflejados en el proceso como método de debate que impulsa el garantismo.

¿En qué se diferencian una y otra corriente acerca de la razón de ser del proceso?
Como corolario de las respuestas anteriores, es interesante apuntar este aspecto, adelantando una salvedad: el término proceso tiene distintos alcances en cada una de las líneas bajo análisis. A partir de la magnífica obra del procesalista mexicano Humberto BRISEÑO SIERRA (1914-2003) y el argentino Adolfo ALVARADO VELLOSO (n. en 1935) se consolidaron las bases que permitieron diferenciar conceptualmente el proceso y el procedimiento, siendo el objeto de aquél el debate entre las partes. En la medida que este objeto se limite o elimine, es evidente que el fenómeno será otro. Mientras que para el activismo judicial la razón de ser del proceso ―mezclado con el procedimiento― es alcanzar la justicia en el caso concreto, para el garantismo es la paz social. Porque el hombre, en tiempos remotos, al crear el proceso, brinda una alternativa pacífica a la habitual práctica de hacer justicia por mano propia. Y, casi como por arte de magia, es posible transformar el imperio de la fuerza de la razón en el de la razón de la fuerza.
Muchos, muchísimos más interrogantes podrá hacerse el lector sobre este tópico. Nosotros, simplemente, quisimos acompañarlo en los primeros pasos.
  

29 de septiembre de 2012

DERECHO PROCESAL EN EL FIN DEL MUNDO: VISITA A TIERRA DEL FUEGO

Presentación del libro del
Dr. Alvarado Velloso en
Río Grande, Tierra del Fuego



El libro Lecciones de Derecho Procesal del Maestro Adolfo Alvarado Velloso, adaptado a la legislación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el profesor Aníbal Gerardo Acosta, es la obra de doctrina procesal más austral del mundo.
Junto a Aníbal G. Acosta (izq.), donde
finaliza la ruta nacional 3, en el
Parque Nacional Lapataia
Esta reciente publicación, de más de mil páginas, es motivo de orgullo para el garantismo procesal, que de esta manera llega y se afirma en los confines de América con un trabajo integral que trata todos los temas fundamentales de la disciplina y los coteja con la legislación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es el primer libro de envergadura que se publica en la provincia en materia procesal civil y penal en conjunto.
Señalando en el mapa, el lugar exacto
donde nos encontramos
Para su lanzamiento editorial se han realizado sendas presentaciones en las ciudades de Río Grande y en Ushuaia, con la participación del profesor Aníbal Gerardo Acosta, importantes autoridades provinciales de los tres poderes, abogados, docentes de derecho y gran cantidad de público. En ambas ocasiones, tuve a cargo la conferencia de cierre. En Río Grande, ante un auditorio colmado he disertado sobre “Justicia, Democracia y Derechos Humanos”. En Ushuaia, en la sede del Poder Judicial y en el marco de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Austral, la conferencia se tituló “La efectivización de los Derechos Humanos: un debate actual y crucial”.
Mi agradecimiento al Maestro Adolfo Alvarado Velloso y al profesor Aníbal Gerardo Acosta por permitirme disfrutar los incomparables paisajes y hospitalidad del sur de la Patagonia, y a todo el foro fueguino por tan cálida recepción y compañía.