Antecedentes académicos y profesionales
- Gustavo Calvinho
- Buenos Aires, Argentina
- Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Director del Departamento de Derecho Procesal Civil (Universidad Austral, Buenos Aires). Profesor Adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente estable en la Maestría en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Profesor Invitado a la Especialización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y a la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Abogado y experto en litigación. Consultor internacional. Autor de cuatro libros y más de treinta artículos de doctrina, además de haber escrito otros tres libros como coautor y participado en obras colectivas. Sus trabajos de doctrina fueron publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de CPCCN
Bienvenidos
Bienvenidos. Muchas gracias por visitar el blog. Encontrarán algunas novedades e información sobre distintas actividades académicas y debates procesales. También se irán presentando mis publicaciones, incluyendo artículos de doctrina relacionados con el derecho procesal y los sistemas de justicia en Latinoamérica. El desafío es construir juntos, a partir de los Derechos Humanos bien entendidos, una justicia mejor, que se ocupe del hombre que acude a ella.
Quedo a disposición para cualquier consulta que deseen en: gcalvinho@gmail.com. También podés seguirme en twitter: @gustavocalvinho
Saludos desde Buenos Aires.
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13 de febrero de 2013
17 de noviembre de 2012
EL DERECHO CON DERECHOS HUMANOS Y EL PROCESO A PARTIR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Casi como por
inercia, gran parte de las explicaciones sobre el derecho siguen alimentándose con
ideas de otros tiempos, donde ni por asomo se vislumbraba un Derecho
Internacional de los Derechos Humanos que trasladara el epicentro de la
soberanía y la autoridad a la persona humana. Puede resultar curioso, pero
muchas veces los derechos humanos ―incluyendo variada terminología, como
derechos del hombre, fundamentales, morales[1], inherentes a
la persona, naturales, esenciales, etcétera― se consideran para todo, salvo
para intentar establecer la definición del derecho.
El profesor Javier Hervada nos ilustra brillantemente al respecto. Destaca que
comúnmente se entiende por derechos humanos aquellos derechos que el hombre
tiene por su dignidad de persona[2] ―o, si se
prefiere, aquellos derechos inherentes a la condición humana― que deben ser
reconocidos por las leyes. Dado que preexisten a las leyes positivas, ellas los
declaran y reconocen ―y nunca los otorgan o conceden―[3], de manera
tal que son consideradas justas si respetan los derechos humanos, e injustas y
opresoras si son contrarias a ellos[4]; incluso se
admite que la falta de reconocimiento genera legitimidad al recurso a la
resistencia ―activa o pasiva―[5].
Si los derechos humanos ―continúa el
jurista de la Universidad de Navarra― no constituyen un espejismo, parece claro
que tienen una relación íntima con el concepto de derecho. No obstante, los
filósofos del derecho, al intentar llegar a un concepto de derecho, no han
tenido en cuenta ―al menos en debida proporción― los derechos humanos. A partir
de allí, Hervada subraya la
contradicción en que incurren los filósofos y juristas que niegan que los derechos
humanos sean propiamente derechos: siguen llamándoles derechos, pero en
realidad estiman que se trata más bien de valores, postulados políticos, exigencias
sociológicas, etcétera. Y remata que el origen de estas opiniones se encuentra
en la negación a que pueda preexistir un derecho fuera de la concesión u
otorgamiento de la ley positiva, ya que consideran únicamente a ésta como
verdadero derecho[6].
Sin dudas, los apuntes precedentes nos
ayudan a reflexionar sobre dos aspectos que bien merecen ser tomados en
consideración.
En primer lugar, el recurrente anuncio desde distintas corrientes
que ensalzan la importancia de los derechos humanos para el mundo jurídico,
muestra paradójicamente a esos mismos derechos humanos al margen de toda definición
de derecho. En segunda posición, parece quedar al descubierto cierta inconsistencia
argumental en el juspositivismo que asimila y limita el derecho a la ley positiva,
pues queda huérfana de explicación la innegable preexistencia de los derechos
humanos respecto al ordenamiento jurídico positivo: aquéllos nacen con el
hombre, transmiten o proyectan un contenido inmanente de justicia y son
inherentes a la persona humana, creadora del ordenamiento aludido en su propio
beneficio ―de allí que éste los declara y reconoce―. Incluso, cuesta disimular
las dificultades de acercamiento de esta línea de pensamiento filosófico con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en los pactos y tratados
internacionales que lo integra, decididamente, se ha inclinado por la terminología
y la orientación jusnaturalista, única compatible con un sistema de derechos
preocupado por la persona humana y su dignidad, y que implícitamente trae
aparejado un núcleo de derechos fundamentales distinguible del derecho
positivo. Igual suerte corren las ideas culturalistas, pues en definitiva no
dejan de sostener que los derechos humanos constituyen una creación o producto
del propio hombre, desconociendo su carácter de esencialidad e inherencia a su
ser.
Por consiguiente, podemos concluir que, si
se acepta sin cortapisas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe
admitirse al menos que tanto el derecho positivo como el derecho natural son
parte de un sistema jurídico que, si bien debe ocuparse de regular las
relaciones intersubjetivas, únicamente puede construirse y sostenerse a partir
de la declaración, reconocimiento y protección de los derechos que son
inherentes a la naturaleza y dignidad humanas, garantizados por algún medio
respetuoso de ellos. De lo contrario, no superarán la categoría de derechos nominales: no funcionarán como derechos
por su propia endeblez e incompletitud. Allí comienza a tallar el problema de
la efectivización, que hoy por hoy es el punto que más atención necesita en materia de derechos humanos.
Aceptando que no podemos insistir en
analizar el derecho sin considerar los derechos humanos, sería contradictorio
proponer herramientas o instrumentos para su resguardo que no los respeten.
Resulta ineludible, pues, que el derecho procesal revise y repiense sus conceptos
fundamentales, figuras y teorías.
Su objeto de estudio ―el proceso― no queda
al margen de la cuestión. Es la garantía de garantías que ultima ratio el sistema reconoce como perteneciente al hombre, a
fin de que los derechos no se limiten a la inerte declaratividad del papel:
además pueden así cobrar vida en la plenitud de su respeto y ejercicio. En
consecuencia, un sistema que reconoce los derechos humanos inexorablemente debe
hospedar un proceso jurisdiccional que los respete. Porque de no ser así, asomará
una aporía: cada vez que se logre el respeto de algún derecho a través del
proceso se estará violando algún derecho humano. Esta afirmación, que puede
parecer un tanto despiadada, se verifica cotidianamente en los ordenamientos
procedimentales que no respetan adecuadamente el derecho de defensa
en juicio.
[1]
Según Rex Martin, existe acuerdo
general entre los filósofos en que los derechos humanos son derechos morales.
Aclara que el vocablo moral parece
estar cumpliendo en gran parte la misma función que cumplía el vocablo natural: la descripción de los derechos
como naturales daba a entender que no eran convencionales o artificiales, en el
sentido en que lo son los derechos jurídicos. V. Martin, Rex, Un sistema
de derecho. Trad. de Stella Álvarez. Ed. Gedisa, Barcelona, 2001, p. 96.
[2]
Se enfatiza que la dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres
humanos respecto de los demás seres vivos, la que constituye a la persona como
un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para
otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización
del libre desarrollo de la
personalidad. La dignidad es así un valor inherente a la
persona humana que se manifiesta a través de la autodeterminación consciente y
responsable de su vida y que exige el respeto de ella por los demás. V. Nogueira Alcalá, Humberto, La dignidad humana y los derechos fundamentales.
El bloque constitucional de derechos fundamentales. Revista de Derecho de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile N° 15, 2007-1,
Concepción, 2007, p. 44.
[3]
Cfr. Hervada, Javier: Escritos de derecho natural. 2ª edicion
ampliada. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1993, p. 452.
[4]
Ibídem, p. 454.
[5]
Ibídem, p. 452.
[6]
Ibídem, pp. 457/458.
6 de noviembre de 2012
ACTIVISMO JUDICIAL VS. GARANTISMO PROCESAL: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cuál es la principal distinción entre el activismo y el garantismo?
Sencillamente, su punto de
partida, que permite el desarrollo de concepciones nítidamente diferentes sobre
el mismo fenómeno. Así como intelectivamente podemos construir un sistema político,
jurídico y social privilegiando al Estado o, caso contrario, a la persona
humana, también es posible trasladar este dilema en la edificación de un modelo
de justicia ―o sistema de enjuiciamiento, que funcionalmente se comporta como
un subsistema del macrosistema político y social―. Por consiguiente, podremos
estructurarlo atendiendo en mayor medida a la autoridad que resolverá
heterocompositivamente los litigios, o enfocándonos en las personas alcanzadas
por éste. Recordemos que por litigio entendemos la afirmación en el plano
jurídico de la existencia de un conflicto intersubjetivo de intereses. Entonces,
es factible diseñar un sistema de justicia más preocupado por la persona que
debe recurrir a él que por la autoridad que la imparte. En definitiva, la
plataforma de lanzamiento podrá ser situada ora en el hombre que actuará como
parte procesal, ora en la autoridad que hará las veces de juez o árbitro.
Lo apuntado ayudará para explicar
a continuación la completa denominación que conferimos a una y otra corriente.
¿Por qué entendemos que corresponde hacer referencia a activismo
judicial o, también, jurisdiccional?
Porque en él, la figura del juez
o árbitro, o sea la actividad del órgano jurisdiccional, adquiere un grado de
preponderancia tal, que en algunas ocasiones no es difícil traspasar el límite
―que indica que la autoridad, al igual que todos, debe obedecer el derecho― y
desembarcar en el decisionismo voluntarista. El rol del juez es protagónico, y es
el encargado de hacer justicia, su justicia, en el caso concreto. La influencia
de ideas publicísticas muy en boga en la primera mitad del siglo pasado se hace
patente.
¿Y por qué hablamos de garantismo procesal?
Porque en él, el irrestricto
respeto de los derechos y garantías reconocidas por las constituciones
nacionales y los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se cristalizan en el proceso, que representa la garantía de
garantías y constituye el instrumento por antonomasia para hacer efectivizar
todos y cada uno de los derechos reconocidos explícita o implícitamente por el
macrosistema político y social.
¿Cuáles son las consecuencias,
desde una perspectiva estrictamente procesal, que emanan del activismo y del
garantismo?
La aludida influencia ejercida
por el pensamiento publicista instaló la apreciación de que el derecho procesal
era mera técnica volcada a normas de procedimiento, desprovista de todo
trasfondo ideológico y político. Este intento fue, de alguna manera,
desdibujando el objeto de estudio a fuerza de confusión conceptual: no se
exhibían las claras diferencias entre el proceso y el procedimiento. Al punto
que Eduardo COUTURE, en algún momento y con la profundidad y sencillez que lo
caracterizaba, puso las cosas en su lugar exclamando que el mismísimo nombre de
nuestra disciplina ―derecho procesal― señala que el objeto de conocimiento no
es otro que el proceso.
El activismo judicial, fiel al
protagonismo de la autoridad que propaga, conduce a la procedimentalización y
al intervencionismo judicial, fomentando mayor poder para los jueces a través
de facultades probatorias e instructorias para buscar la verdad, a efectos de
aplicar un criterio de justicia al caso concreto.
El garantismo procesal, en
cambio, pone el foco en el objeto de estudio del derecho procesal, y rescata al
proceso como medio de defensa del ser humano, que debe ser escuchado antes de
ser juzgado. Con la diferencia de que la autoridad debe ser imparcial ―tal como
lo indica el art. 10 de la DUDH― y, por tanto, es llamada sólo para juzgar; por
ello se descarta toda posibilidad de que acuse y pruebe contra alguna de las
partes.
¿Puede trazarse algún correlato
entre cada una de estas tendencias y los sistemas políticos actuales?
Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, desde
la caída del Muro de Berlín, en el mundo sólo subsisten los regímenes autocráticos
y los democráticos. Mal que les pese a sus seguidores, el activismo judicial
con su esquema de poder concentrado en una autoridad jurisdiccional que impone, se siente más cómodo en una
autocracia. Caben destacarse grandes esfuerzos teóricos para insertar el
activismo en la democracia, por parte de varios doctrinarios ―algunos de los
cuales revisten en las filas del neoconstitucionalismo―
quienes, luego de aplaudir la famosa Corte Warren, tratan de justificar que la
última palabra del sistema democrático en el siglo XXI la tienen los jueces,
proclamándose hasta la omnipotencia judicial como solución a los problemas
actuales. Si la humanidad luchó durante siglos con el afán de limitar y
controlar el poder, sosteniendo instituciones republicanas, aumentando la
representación y fomentando el diálogo y el consenso con el objetivo de
apuntalar la democracia como forma de gobierno, cuesta aceptar que dejar todo
en manos de una sola persona muy poderosa que tiene la última palabra, llamada
juez, sea una idea esencialmente democrática.
A su turno, el garantismo
procesal permite construir a partir de las entrañas mismas de los derechos
humanos ―la dignidad humana― un verdadero sistema de enjuiciamiento para la
democracia moderna, la cual tiene carácter bidimensional ―comprensiva de una faceta
procedimental, integrada por los mecanismos de elección de representantes, y
una sustancial, que constituye la puerta de ingreso de los valores propiamente
democráticos―. Esto es posible desde que, para el garantismo, el proceso es método
de debate en igualdad jurídica de condiciones ―es medio y no fin en sí mismo― a
través del cual la persona humana es escuchada por el tercero imparcial antes
de resolver observando reglas preexistentes. Valores democráticos tales como la igualdad,
el consenso, la seguridad, la previsibilidad y el diálogo, se ven reflejados en
el proceso como método de debate que impulsa el garantismo.
¿En qué se diferencian una y otra
corriente acerca de la razón de ser del proceso?
Como corolario de las respuestas
anteriores, es interesante apuntar este aspecto, adelantando una salvedad: el
término proceso tiene distintos alcances en cada una de las líneas bajo
análisis. A partir de la magnífica obra del procesalista mexicano Humberto BRISEÑO SIERRA (1914-2003) y el argentino Adolfo ALVARADO VELLOSO (n. en 1935) se consolidaron las bases que permitieron diferenciar
conceptualmente el proceso y el procedimiento, siendo el objeto de aquél el
debate entre las partes. En la medida que este objeto se limite o elimine, es
evidente que el fenómeno será otro. Mientras que para el activismo judicial la
razón de ser del proceso ―mezclado con el procedimiento― es alcanzar la
justicia en el caso concreto, para el garantismo es la paz social. Porque el
hombre, en tiempos remotos, al crear el proceso, brinda una alternativa
pacífica a la habitual práctica de hacer justicia por mano propia. Y, casi como
por arte de magia, es posible transformar el imperio de la fuerza de la razón
en el de la razón de la fuerza.
Muchos, muchísimos más
interrogantes podrá hacerse el lector sobre este tópico. Nosotros, simplemente,
quisimos acompañarlo en los primeros pasos.
29 de septiembre de 2012
DERECHO PROCESAL EN EL FIN DEL MUNDO: VISITA A TIERRA DEL FUEGO
| Presentación del libro del Dr. Alvarado Velloso en Río Grande, Tierra del Fuego |
El libro Lecciones de Derecho Procesal del Maestro Adolfo Alvarado Velloso,
adaptado a la legislación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur por el profesor Aníbal Gerardo Acosta, es la obra de doctrina procesal más
austral del mundo.
| Junto a Aníbal G. Acosta (izq.), donde finaliza la ruta nacional 3, en el Parque Nacional Lapataia |
Esta reciente publicación, de más
de mil páginas, es motivo de orgullo para el garantismo procesal, que de esta
manera llega y se afirma en los confines de América con un trabajo integral que
trata todos los temas fundamentales de la disciplina y los coteja con la
legislación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Es el primer libro de envergadura que se publica en la provincia
en materia procesal civil y penal en conjunto.
| Señalando en el mapa, el lugar exacto donde nos encontramos |
Para su lanzamiento editorial se
han realizado sendas presentaciones en las ciudades de Río Grande y en Ushuaia,
con la participación del profesor Aníbal Gerardo Acosta, importantes
autoridades provinciales de los tres poderes, abogados, docentes de derecho y
gran cantidad de público. En ambas ocasiones, tuve a cargo la conferencia de
cierre. En Río Grande, ante un auditorio colmado he disertado sobre “Justicia,
Democracia y Derechos Humanos”. En Ushuaia, en la sede del Poder Judicial y en
el marco de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Austral, la
conferencia se tituló “La efectivización de los Derechos Humanos: un debate
actual y crucial”.
Mi
agradecimiento al Maestro Adolfo Alvarado Velloso y al profesor Aníbal Gerardo
Acosta por permitirme disfrutar los incomparables paisajes y hospitalidad del
sur de la Patagonia, y a todo el foro fueguino por tan cálida recepción y
compañía.
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9 de septiembre de 2012
VIDEO: SISTEMAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
También en http://www.youtube.com/watch?v=o7S2dag4Sug
28 de junio de 2012
LA IMPLEMENTACIÓN JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LOS DENOMINADOS “PROCESOS COLECTIVOS”
Por GUSTAVO CALVINHO
Sumario
1. Introducción
2. Las transformaciones y la función de los jueces
3. Los denominados "procesos colectivos" 4. La política pública judicial como respuesta
5. Epílogo
1. Introducción
El debate sobre la necesidad de mejorar la efectivización de los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la persona humana ocupa un sitio destacado, merced a su inocultable trascendencia hacia la vida cotidiana. La problemática que abarca es amplia, las respuestas que se ensayan son dispares y las propuestas, zigzagueantes. Incluso algunas resultan asistémicas y otras, subrepticiamente, traspasan límites hasta incurrir en violaciones a valores democráticos y derechos humanos.
Tamaño panorama nos obliga a seleccionar para este breve trabajo dos interrogantes puntuales, sobre los cuales pondremos el foco sin desatender el contexto político, social y jurídico actual: ¿es necesario dejar de lado la garantía del proceso cuando un reclamo se sustenta en la defensa de derechos que integran la denominada tercera generación? ¿Es correcta la solución que se está brindando, a partir de divulgadas propuestas, a esta clase de problemas?
Los planteos precedentes ponen sobre el tapete dos cuestiones preliminares que merecen ser aclaradas.
En primer lugar, consideramos al proceso como método de debate que constituye una herramienta reconocida en última instancia a los seres humanos para que puedan hacer efectivos sus derechos. El proceso es garantía humana inconfundible con el procedimiento y de cepa puramente democrática que se comporta como límite al poder.
En segundo término, una disquisición acerca de la conocida clasificación generacional de los derechos, a la que recurrimos.
Alguien con razón sostuvo que las clasificaciones no deben ser reputadas de buenas o malas, sino de útiles o inútiles.
En verdad, la clasificación generacional de los derechos, obedeciendo a su génesis histórica de reconocimiento constitucional, resulta criticable. Luego de la sencilla y poco discutida separación entre derechos de primera generación ―emanados de la libertad―, segunda ―de la igualdad— y tercera ―solidaridad—, asistimos hoy a una carrera entre sectores de la doctrina que pugnan por atribuir la cuarta, quinta y hasta sexta generación a determinadas clases o tipos de derechos. A este inconveniente se le añade un dejo de confusión entre la demanda de los derechos propiamente dicha y su efectivización. En lo que aquí interesa, vale tener en cuenta que la clasificación en mención puede a lo sumo alcanzar alguna utilidad docente para simplificar ciertas explicaciones.
2. Las transformaciones y la función de los jueces
Cambios jurídicos, sociales, económicos y políticos se vienen sucediendo sin solución de continuidad en la relación sociedad-Estado; la consolidación del constitucionalismo moderno vuelca importantes aportes y la necesaria aparición del derecho internacional de los derechos humanos apuntala transformaciones que van conformando un panorama nuevo y distinto en la segunda mitad del siglo XX. La función de los jueces es un aspecto que no queda al margen, y a lo largo de este recorrido adquiere creciente protagonismo de la mano de un aumento constante del poder que acumulan dentro del sistema, pese a su habitual carácter contramayoritario.
Cierto es que una concepción de la división de poderes con el estilo pregonado en la obra de MONTESQUIEU ha encontrado vallas desde que se pasó del Estado liberal al Estado social de derecho. También es cierto que el Estado social no ha logrado responder en la medida deseada: sus avances en el reconocimiento de derechos quedaron deslucidos al no proveer las mejores herramientas para su efectivización. Por consiguiente, irrumpe un problema concreto: las demandas que no son cubiertas por el poder administrador deben ser redireccionadas hacia otro poder ―el Judicial― el cual, desde el manejo de la casuística, puede obligar a que la prestación estatal sea cumplida. El mal funcionamiento del sistema no le permite al hombre otra alternativa.
Esta necesidad fue fortaleciendo al Poder Judicial, que de hecho supera su hasta entonces confinamiento casi exclusivo al campo jurídico, incursionando también en el terreno de lo político. La otrora nítida separación entre derecho y política y entre sociedad y Estado comienza a desvanecerse.
Nuevos retos son fomentados a partir, por lo menos, de tres factores muy relevantes:
a) la implementación de constituciones con un núcleo de principios, valores y reglas que impregnan todo el ordenamiento jurídico;
b) la puesta en escena de derechos sociales ―de contornos borrosos― que coexisten con los clásicos derechos individuales liberales ―que sí son pasibles de determinación a priori― y
c) una mayor producción normativa, donde la generalización y la abstracción van menguando ante numerosas disposiciones particulares y abiertas.
Tras la expectativa asistencialista, poco a poco la población se fue percatando de la dificultad que tenía el Estado para cumplirla en la proporción esperada.
Este cimbronazo de la realidad no sólo crea descontento y tensión social, sino que además provoca numerosos reclamos. Ante la falta de respuesta del órgano ejecutivo, la propia estructura estatal ―que ya exhibe un Poder Legislativo relegado― hace que los pedidos inexorablemente sean canalizados, por descarte, ante los jueces.De este modo, el paisaje de los escritorios de los magistrados cambia notablemente: ya no sólo se apilan expedientes con reclamos clásicos basados en derechos individuales claramente determinados, sino que además se acumulan otros fundados en derechos sociales cuya prestación no fue cumplida por el Estado y que, además, deben delimitar. La situación apuntada se refleja en una necesaria ampliación de la competencia judicial y en la obligación de cumplir algunas tareas desacostumbradas hasta entonces, que se desprenden de las últimas transformaciones sufridas por el Estado. Ya no deciden cuestiones sólo jurídicas: con frecuencia, los elementos políticos —y hasta la mismísima política— se entreveran.
Los reclamos, auge y reconocimiento de los denominados derechos de la tercera generación completaron el cuadro: las afectaciones colectivas o, en otros supuestos, las que alcanzaban a grupos numerosos
—determinados e indeterminados— hicieron replantear y poner a prueba todo lo conocido hasta entonces acerca de la efectivización de los derechos. La reacción inicial ante este novedoso fenómeno colocó la mira sobre las herramientas que se venían empleando. Casi al unísono, se puso en tela de juicio la utilidad del proceso clásico en este tipo de casos. Y se acuñó el sintagma proceso colectivo, sobre el que reflexionaremos a continuación.
3. Los denominados "procesos colectivos"
Al surgir conflictos que atañen a una enorme cantidad de sujetos, incluso a quienes aún no fueron siquiera concebidos —como ocurre cuando se realizan reclamos en pos de un ambiente sano para las generaciones futuras — y en base a derechos o intereses supraindividuales —tanto difusos como colectivos— o plurales homogéneos los cimientos jurídicos parecen conmoverse. Las respuestas que desde hace un par de siglos se hallan en el common-law, se comienzan a transvasar al civil law recién hace unas pocas décadas y con suerte dispar.
Ante este panorama, se ensayaron distintas explicaciones de lo que se ha dado en llamar proceso colectivo, atendiendo sus típicas características. Así, se señala que presenta partes múltiples activas, pasivas o ambas, que tengan derechos transindividuales indivisibles o divisibles, con una pretensión común conexa por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez, ya sea titular del derecho el grupo, categoría o clase, o cada uno de los individuos por su parte individual . A su turno, algunos autores se han detenido en lo que mencionan como acción colectiva, subrayando los problemas de legitimación, objeto y extensión de la res judicata que puede exhibir.
La multivocidad y equivocidad del lenguaje procesal es un escollo a superar cuando se busca el avance de nuestra disciplina. No todos consideran esta arista, por lo que muchas veces los estudios causan cierta perplejidad en el lector. Y, concretamente, el tratamiento de los denominados procesos colectivos no es la excepción.
Por lo general, se da por sentado el concepto de proceso sin deslindarlo adecuadamente del procedimiento. Cuestión que no es menor, porque si el proceso se deforma en mero procedimiento, desaparece la garantía para efectivizar derechos, donde importa el derecho de defensa en juicio y el debate entre partes que actúan en igualdad jurídica ante un tercero imparcial. De allí que esta procedimentalización posmodernista conduzca a resolver las cuestiones a través de la imposición de actos de poder jurisdiccional, en un marco donde las voces de las partes procesales se tornan casi inaudibles.
Nuestra opinión, un tanto aislada hasta ahora, se inclina por preservar la garantía del proceso incluso cuando los derechos en juego tengan incidencia colectiva. Porque, de lo contrario, estamos suprimiendo el medio con que contamos los seres humanos para hacer efectivos desde nosotros mismos los derechos que nos pertenecen. Sin la garantía del proceso, en definitiva, quedan supeditados a la voluntad de quien empuña el poder. Intentaremos demostrar que es innecesario e inconveniente sacrificar la garantía del proceso aun cuando se discuten derechos de incidencia colectiva o de tercera generación.
Muchas veces, la recurrente tendencia a adjetivar el proceso —que es concepto— puede desfigurar su esencia de garantía y, de nuevo, lo procedimentaliza. Interesa, pues, analizar el calificativo colectivo que se le aplica e indagar en lo que pueda llegar a indicar. En otras palabras, observar si lo colectivo atañe al proceso.
Repasando las tres primeras acepciones que confiere la 22ª edición del diccionario de la Real Academia al vocablo colectivo, observamos que como adjetivo se refiere a una agrupación de individuos o a algo que tiene la virtud de recoger o reunir; como nombre masculino, representa a un grupo unido por algún tipo de lazo. A partir de la definición terminológica rescatamos sus notas constitutivas y, con ellas, bien se puede afirmar que existe lo colectivo cuando se agrupan individuos en base a algún lazo o vínculo.
Resta inquirir dónde se ubica ese punto de contacto que origina la agrupación, para conocer si en verdad lo colectivo se relaciona con el proceso. Recordemos que éste es inmaterial, abstracto e impalpable, porque es concepto, importando la comprensión cabal del significado del acto que hace a su inteligibilidad. El procedimiento, en cambio, presenta una naturaleza material, concreta y corpórea, se capta por los sentidos y se realiza en un tiempo y en un espacio determinado expresándose a través de cierta forma. El procedimiento opera, pues, como la forma material del proceso, que no puede tenerla de por sí, ya que no es acto material sino concepto significativo del acto.
De este modo, se aprecia al proceso como un medio de debate en igualdad jurídica ante un tercero imparcial, que opera como garantía para hacer respetar los derechos ante cualquier limitación, conculcación, impedimento o interferencia emanadas de otras personas ―cualquiera sea su naturaleza― incluido el Estado.
Las conductas humanas de los sujetos en el proceso no pueden quedar aisladas o desarticuladas entre sí, porque la proyectividad que lo distingue no tendría cabida. Es necesario conectarlas permitiendo el desarrollo de la serie observando un orden lógico. Estas conexiones, estos contactos entre conductas, se materializan a través del procedimiento. De allí que sea imprescindible para todo proceso contener un procedimiento.
Como se observa, el proceso es concepto que siempre mantiene una estructura intocada en todos los casos: dos posiciones procesales —cada una englobada en lo que habitualmente se denomina parte — que debaten ante una autoridad imparcial. A su vez, una o ambas partes pueden estar conformadas con uno o más sujetos. Este atributo lleva a la doctrina a estudiar el fenómeno de las partes simples y plurales.
La parte plural se integra con, al menos, dos sujetos que reúnen —originaria o sucesivamente— sus pretensiones o resistencias a través de un vínculo originado en una conexidad objetiva, una conexidad causal, una conexidad mixta objetivo-causal o una afinidad . La comparación de las pretensiones procesales de los sujetos nos revela el lazo o punto de contacto necesario para arribar a lo colectivo, que técnicamente se denomina conexidad. Y para comparar pretensiones procesales, es menester desarrollar un análisis correlacional entre sus componentes: tres elementos —sujeto, objeto y causa— y dos subelementos causales —hecho e imputación jurídica—.
Respecto a la problemática que aquí nos ocupa, las conexidades entre pretensiones se encontrarán en los dos subelementos causales —caso de conexidad simple causal—, o en el objeto y la causa —conexidad mixta objetivo-causal, que se observa cuando existe una relación jurídica inescindible— o en el subelemento causal hecho —lo que genera la afinidad de pretensiones—. Estas conexidades son las que provocan las acumulaciones pretensionales, las cuales originan una confluencia de procesos hacia un mismo procedimiento.
Es cierto que, a partir de la comparación de pretensiones detectamos la conexidad, que conduce a la acumulación y por este camino podemos llegar a procedimientos complejos donde concurren numerosos procesos. Esta complejidad parece moneda corriente cuando están en litigio los denominados derechos de incidencia colectiva. No obstante, el proceso debe pervivir también en el interior de esta clase de procedimientos de dificultoso trámite, dado que se comporta como garantía que posibilita el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio. Entonces, se aprecia con nitidez que lo colectivo —agrupación de individuos unidos por algún lazo— se construye comparando pretensiones procesales, a fin de hallar un vínculo entre ellas, de modo tal que los sujetos pretendientes formen una parte plural, ocupando una misma posición procesal. Es una característica que incumbe a una o ambas partes procesales que debaten en un proceso.
Así, el proceso seguirá siendo garantía inconfundible con el procedimiento, aun cuando el debate se desenvuelva entre posiciones procesales colectivas y siguiendo un trámite enmarañado. Deben tomarse, en consonancia con lo anterior, los aportes de valía que el derecho procesal efectúa para la efectivización de los derechos de tercera generación: además del estudio de la acumulación —de provecho cuando se trata de reclamos apoyados en derechos plurales homogéneos—, ha colaborado en el desarrollo de la legitimación procesal extraordinaria, vital auxilio en los supuestos de derechos supraindividuales —de carácter
indivisible—. Los inconvenientes que pueden ocasionarse en base a los intereses difusos o a los colectivos se solucionan incorporando pautas claras sobre legitimación colectiva en las normas . Con estas contribuciones, la garantía del proceso queda a salvo.
Sin embargo, en la actualidad se consolida una tendencia procedimentalizadora bajo el manto denominado proceso colectivo, donde el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio es suplantado por una participación procedimental, en el marco de un trámite donde prevalece la voluntad de la autoridad. Esto muestra una decisión política clara a la hora de efectivizar derechos de la tercera generación: se ha preferido imponer una solución desde el poder, a través de los jueces. El percance aparece cuando este diseño de protección procedimental se confunde con el proceso y se erige en la única o última vía. De este modo, desaparece la garantía como tal, y la consecuencia es la instauración de políticas públicas judiciales en materia de derechos de tercera generación.
4. La política pública judicial como respuesta
A la hora de tutelar bienes colectivos, rápidamente se dice recurrir al proceso colectivo como herramienta apropiada. La realidad exhibe que, en verdad, los vericuetos de su complejidad procedimental desorientan a los operadores, que poco a poco se van alejando de la garantía del proceso como norte. Entonces, la respuesta a los reclamos se intenta otorgar con mecanismos que se edifican casi exclusivamente en el aumento de poderes a la autoridad jurisdiccional quien, ante el déficit de reglas preestablecidas, va haciendo camino al andar.
Este marcado activismo judicial es apuntalado por normas que, sin dudas, optan por dejar en sus manos cuestiones de política pública confiriéndole a cambio importantes atribuciones. Nobleza obliga, a esta altura deben ser remarcadas dos cuestiones. Primero, el proceso no es un medio para realizar políticas públicas, sino para efectivizar derechos. Cuando el objetivo es hacer política pública a partir de un caso concreto, su estructura resulta inadecuada.
Por consiguiente, el fin trazado únicamente puede cumplirse con meros procedimientos, a costa del sacrificio de la imparcialidad del juzgador y la igualdad jurídica de las partes —principios del proceso como
garantía—. Y lo apuntado nos deposita en el segundo punto: no se le está proveyendo a la sociedad la solución concreta del problema de fondo, sino apenas la posibilidad de distraerse con un acto de autoridad dictado en un caso concreto. Lo que es mucho más económico —e ineficiente— pues permite atender parcialmente y tarde el asunto, facilitando mientras tanto la liberación hacia otros destinos de partidas presupuestarias que debieran destinarse a proteger al medio ambiente o a los grupos más débiles, por citar dos ejemplos.
La administración traslada, entonces, sus funciones y responsabilidades a los jueces, ampliándoles sus competencias y cuota de poder, aunque conservando para sí el manejo presupuestario. En definitiva, disociar la fijación de ciertas políticas públicas de los fondos necesarios, colocándolos en cabeza de distintos poderes del Estado no sólo puede provocar conflictos entre ellos, sino que complica la implementación. La decisión de recurrir a actos de política judicial —emanados de simples procedimientos— para enfrentar los reclamos de derechos de tercera generación, es una variante que poco se compatibiliza con el bien común: sólo brinda una respuesta limitada y demorada ceñida a los casos que se judicializan.
Si interesa en serio la protección de los derechos, es necesario implementar una correcta política pública de Estado sustentada con medios suficientes. Y, por supuesto, dejar siempre expedita la posibilidad de acceder a la garantía del proceso, a efectos de participar en un debate donde se permita el pleno ejercicio del derecho de defensa. Porque solo si el proceso late, los derechos tendrán vida.
5. Epílogo
Si comprendemos cabalmente que el proceso es garantía del hombre que le permite en última instancia efectivizar todos sus derechos, advertiremos la aporía de quienes sostienen que alcanza con sólo abrirle las puertas de un procedimiento en ciertos casos. La garantía, siempre, debe permanecer intacta y accesible para el ser humano. De allí la importancia de no confundirla con el procedimiento.
Cuando se hace mención a conflictos basados en los denominados derechos de tercera generación, enseguida se afirma que el proceso tradicional no sirve para solucionarlos. Entonces, se traen a colación los procesos colectivos como la herramienta idónea. Sin embargo, la doctrina construye esta figura desnaturalizando al proceso y añadiéndole un adjetivo que no le corresponde. Así, deja de ser garantía para convertirse en procedimiento de fijación de políticas públicas judiciales.
La falencia se presenta al esperar que el proceso se comporte como un instrumento para la implementación de políticas públicas, cuando en realidad se trata de un método de debate. Que son dos cosas bien distintas y que en una democracia, necesariamente, deben coexistir. Porque si la política se fagocita a la garantía, los afectados por decisiones de autoridad se quedan sin el espacio donde defenderse y hacerse oír.
En síntesis, siempre que estén en juego derechos de cualquier clase —incluso los de tercera generación— debe asegurarse el acceso a la garantía del proceso, más allá de ciertas particularidades que muestre una situación determinada. Y es aquí donde adquiere importancia la labor del procesalista, en sintonía con el legislador. Porque manteniendo la garantía, bien se pueden reconocer casos de legitimación colectiva extraordinaria —respondiendo a razones sociales— cuando se discute acerca de intereses supraindividuales o examinar las conexidades pretensionales que conducen a la acumulación de procesos en un mismo procedimiento, cuando se trata de derechos plurales homogéneos. Jamás aceptaremos a la complejidad procedimental como justificativo suficiente para la erradicación de la garantía humana del proceso.
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25 de junio de 2012
NUEVA VISITA AL PERÚ: CONFERENCIAS Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL SISTEMA PROCESAL DE LA DEMOCRACIA"
Del 2 al 6 de julio de 2012, regresaré a la querida hermana República del Perú, gracias a mis entrañables amigos Guido Aguila Grados y Anita Calderón Sumarriva, notables e incansables emprendedores académicos, que organizaron múltiples actividades, junto a profesores brasileños.
El 4 de julio se programaron dos conferencias en Lima, el 5 volveré luego de dos años a los 4.000 metros de altura de las apacibles Juliaca y Puno, participando en un Congreso sobre Derecho Minero y Medio Ambiente. El 6, Dios mediante estaré de nuevo en Lima, para exponer en el Congreso Internacional sobre Derecho Constitucional, Medio Ambiente y Transnacionalidad, donde además se presentará mi libro "El sistema procesal de la democracia".
En este evento participarán especialistas de Brasil, Perú, Bolivia y la Argentina. Los temas que trataré girarán en torno a la efectivización de los derechos humanos, especialmente los derechos
de la tercera generación, la defensa del medio ambiente y un análisis de los denominados "procesos colectivos".
En este evento participarán especialistas de Brasil, Perú, Bolivia y la Argentina. Los temas que trataré girarán en torno a la efectivización de los derechos humanos, especialmente los derechos
de la tercera generación, la defensa del medio ambiente y un análisis de los denominados "procesos colectivos".
28 de marzo de 2012
II JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PROCESAL Y PROBATORIO EN BOGOTÁ. PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL PROCESO CON DERECHOS HUMANOS"
Es un honor compartir y presentar el programa de la segunda edición de las Jornadas Internacionales de Derecho Procesal y Probatorio. Serán organizadas por la prestigiosa Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, de Bogotá, los días 10 y 11 de mayo de 2012. En este congreso participarán expositores de Chile, Paraguay, Colombia y Argentina y se hará el lanzamiento y la presentación oficial de mi nuevo libro, "El proceso con derechos humanos. Método de debate y garantía frente al poder", publicado por el sello editorial de la universidad anfitriona.
El
derecho no puede permanecer impasible frente a los múltiples cambios que
registra cada día la humanidad. Estas modificaciones vienen dadas, en el campo
jurídico desde diversas aristas que comprenden un replanteamiento y extensión
de los derechos humanos, así como unas noveles tendencias acerca de la manera
como se deben probar los hechos y afirmaciones planteadas por quienes están inmersos
en un litigio, cualquiera que fuere su naturaleza.
II JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PROCESAL Y PROBATORIO
Facultad de Jurisprudencia
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Bogotá D.C., mayo 10 y
11 de 2012
JUSTIFICACIÓN
Desde
luego que a ello hay que sumarle la discusión acerca de qué es lo que se
persigue cuando se tramita un proceso; qué rol deben desempeñar el juez y las partes
dentro del mismo; de qué forma se combina el respeto de las garantías
constitucionales con el derecho internacional de los derechos humanos; y cómo
se armoniza todo ello con un sistema procesal de corte democrático y
republicano.
En
ese contexto, la interrelación de visiones y el científico intercambio de ideas
en torno a los aspectos anteriormente mencionados se torna imprescindible para
el crecimiento de la comunidad jurídico de un país, y de ahí que un certamen
académico como las II Jornadas Internacionales de Derecho Procesal y Probatorio
adquiere una importancia mayúscula en la medida en que contribuye a alcanzar
tales propósitos.
PROGRAMA
Jueves 10 de mayo de 2012
7:00 a 8:00 a.m. : Registro
de ingreso y entrega de materiales.
8:00 a 8:30 a.m. : Actos
protocolarios de instalación y lanzamiento del libro “El proceso con derechos humanos. Método de debate y garantía frente al
poder”. Autor: Gustavo Calvinho.
Dr.
Antonio Aljure Salame.
Decano
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Dr.
Gabriel Hernández Villarreal.
Director
del Área de Derecho Procesal y Probatorio.
8:30 a 9:15 a.m. : Conferencia
inaugural: Derechos humanos efectivos.
Dr.
Gustavo Calvinho. (Argentina).
Profesor
de las Universidades de Buenos Aires-UBA- y de la Austral. Miembro del
Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
9:15 a 9:30 a.m. : Intervención del público.
9:30 a 9:45 a.m. : Refrigerio.
9:45 a 10:15
a.m. : Visión ideológica
del Código General del Proceso.
Dr.
Marco Antonio Álvarez Gómez.
Magistrado
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y miembro del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal.
10:15 a 10:45
a.m. : Visión ideológica
del Código General del Proceso.
Dr.
Ulises Canosa Suárez.
Profesor
de la Universidad del Rosario y secretario general del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal.
10:45 a 11:30
a.m. : Mitos y
realidades en torno al proceso civil.
Dr.
Gabriel Hernández Villarreal.
Profesor
de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
11:30 a 11:45 a.m. : Debate.
11:45 a 12:00 m. : Intervención del público.
12:00 a 2:00
p.m. : Almuerzo libre.
2:00 a 2:45 p.m. : Estándares de prueba.
Dr.
Orlando Enrique Puentes.
Profesor
de la Universidad Nacional y Consultor del Ministerio del Interior y de
Justicia.
2:45 a 3:00 p.m. : Intervención del público.
3:00 p.m. a 3:30
p.m. : El valor probatorio de la prueba
confesional. La confesión ficta.
Dra.
Hilda Eleonora Vallet. (Argentina).
Profesora
de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Instituto Panamericano de
Derecho Procesal.
3:30 a 4:00 p.m. : El método de investigación judicial:
características y falencias.
Dr.
Luis Guillermo Acero.
Profesor
de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal.
4:00 a 4:15 p.m. : Intervención del público.
4:15 a 4:30 p.m. : Pausa
para el café
4:30 a 5:00 p.m. : Perención en el proceso ejecutivo y
juramento estimatorio.
Dr. Gabriel Augusto Cediel Franco.
Profesor
de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
5:00 a 5:30 p.m. : Medidas cautelares y juramento estimatorio.
Dr.
Jorge Forero Silva
Profesor
de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
5: 30 a 5:45
p.m. : Intervención
del público.
Viernes 11 de mayo de 2012
8:00 a 9:00 a.m. : La coherencia en el proceso civil y su
proyección probatoria.
Dr.
Alejandro Romero Seguel. (Chile).
Profesor
de la Universidad de los Andes, Chile.
9:00 a 10:00
a.m. : Nuevas tendencias
de las pruebas ilícitas e ilegales. ¿Deslegitimación de la regla constitucional
de exclusión?
Dra. Anita Giacomette Ferrer.
Profesora
de la Universidad del Rosario y Presidenta del Centro Colombiano de Derecho
Procesal Constitucional.
10:00 a 10:15
a.m. : Intervención del
público.
10:00 a 10:30
a.m. : Refrigerio
10:30 a 11:00
a.m. : Reflexiones sobre
deberes de los árbitros, expectativas de las partes y esfuerzos regulatorios.
Dr. Nicolás Gamboa Morales.
Profesor
de la Universidad del Rosario y árbitro nacional e internacional.
11:00 a 11:30
a.m. : Litisconsorcio
necesario en procesos ejecutivos hipotecarios y patrimonios autónomos como
sujetos procesales.
Dr.
Luis Augusto Cangrejo Cobos.
Profesor
de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
11:30 a 12:00 m. : Aproximaciones
a las medidas coercitivas (Injuctive relief) en el derecho estadounidense: El caso
Del Monte”.
Dr.
Héctor Andrés Páez.
Profesor
de la Universidad del Rosario.
12:00 a 12:15 p.m.
: Intervención del público.
12:15 a 2:00
p.m. : Almuerzo
libre.
2:00 p.m. a 2:45
p.m. : Poderes y facultades del juez en la
producción y valoración de la prueba judicial.
Dr. Álvaro Enrique Agudelo Reyes.
Profesor de la Universidad del Rosario.
2:45 p.m. a 3:30
p.m. : Poderes y facultades del juez en la
producción y valoración de la prueba judicial.
Dr. Manuel González Castro (Argentina).
Codirector de la especialización en
derecho procesal de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Miembro del
Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
3:30 a 3:45 p.m. : Debate.
3:45 a 4:00 p.m. : Intervención del público.
4:00 a 4:15 p.m. : Pausa
para el café.
4:15 a 5:00 p.m. : El valor del silencio en el proceso.
Dr.
Robet Marcial González (Paraguay).
Miembro
del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
5:00 a 5:30 p.m. : La prueba a la luz de los principios
mercantiles.
Dr. Jorge Hernán Gil Echeverry.
Profesor del a Universidad del Rosario y árbitro nacional.
5:30 a 5:45 p.m. : Intervención del público.
5:45 a 6:00 p.m. : Clausura y entrega de certificados
DIRIGIDO A:
Estudiantes de derecho, abogados litigantes, jueces, docentes y asesores jurídicos de entidades públicas y
privadas.
COORDINADOR ACADEMICO
Gabriel Hernández Villarreal. Abogado egresado de la Universidad del
Rosario, director de las especializaciones en derecho procesal y en derecho probatorio,
ambas de la misma Universidad. Especialista en derecho procesal civil. Magíster
en derecho procesal por la Universidad Externado de Colombia. Maestrando en
derecho procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Conjuez de
la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Árbitro de
la Cámara de Comercio de Bogotá. Abogado conciliador extrajudicial en derecho.
Miembro de los Institutos Colombiano, Panamericano e Iberoamericano de Derecho
Procesal. Catedrático, consultor y litigante.
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