Antecedentes académicos y profesionales

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Buenos Aires, Argentina
Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Director del Departamento de Derecho Procesal Civil (Universidad Austral, Buenos Aires). Profesor Adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente estable en la Maestría en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Profesor Invitado a la Especialización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y a la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Abogado y experto en litigación. Consultor internacional. Autor de cuatro libros y más de treinta artículos de doctrina, además de haber escrito otros tres libros como coautor y participado en obras colectivas. Sus trabajos de doctrina fueron publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de CPCCN

Bienvenidos

Bienvenidos. Muchas gracias por visitar el blog. Encontrarán algunas novedades e información sobre distintas actividades académicas y debates procesales. También se irán presentando mis publicaciones, incluyendo artículos de doctrina relacionados con el derecho procesal y los sistemas de justicia en Latinoamérica. El desafío es construir juntos, a partir de los Derechos Humanos bien entendidos, una justicia mejor, que se ocupe del hombre que acude a ella.
Quedo a disposición para cualquier consulta que deseen en: gcalvinho@gmail.com. También podés seguirme en twitter: @gustavocalvinho
Saludos desde Buenos Aires.
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22 de junio de 2013

LAS REFORMAS PROCESALES CIVILES EN LATINOAMÉRICA Y LA LECCIÓN ARGENTINA

            En los últimos tiempos, los latinoamericanos asistimos a una creciente ola de cambios trascendentes en diversos aspectos de la vida cotidiana. Sólo una porción menor de ellos se produce respetando valores democráticos, es decir tras suficiente debate previo y participación de los sectores implicados; la imposición desde el poder se exhibe como método más corriente para modificar el curso de algunas cosas.
            Entre esas novedades que influyen en nuestro día a día, se ganan un lugar preeminente las relativas al sistema de justicia. Y, dentro de ellas, las que atañen al proceso civil, o dicho con más exactitud, proceso no penal: millones de personas, actúan en juicio directa o indirectamente ―v. gr., cuando integran personas jurídicas que son parte procesal―. De allí que toda reforma procesal civil requiere extrema atención y sumo cuidado por su implicancia social a futuro.
            Justamente, algunos países latinoamericanos ya han cristalizado procesos de reforma procesal civil aprobando nuevos códigos ―casos de El Salvador y Colombia― o modificando una batería de artículos ―Uruguay―, otros están discutiendo proyectos o anteproyectos ―Chile, Brasil y, últimamente, Bolivia― o han preferido quedarse por ahora con lo que hay antes que insistir con propuestas que auguran dudoso éxito ―Paraguay―.
            Para no perdernos en el enorme bosque donde incursionamos, dejaremos de lado aspectos extra-procesales tan importantes como la infraestructura, la capacitación de los operadores y la voluntad política como acompañamiento. Nos limitaremos a volcar algunas reflexiones sobre la orientación general de las reformas y la actual experiencia argentina, que nace a partir de seis recientes leyes que buscan “democratizar” la justicia.
            Y ya debemos comenzar con aclaraciones: esta idea del gobierno argentino de “democratizar” la justicia, no contempla ningún cambio integral del código procesal civil, más allá de algunos artículos que se modifican como coletazo de la ley de cautelares para juicios donde interviene el Estado, o de la que incorpora tribunales de Casación.
            Entonces, vale preguntarse ¿cómo puedo extraer una enseñanza de lo que nunca se hizo, para considerarla en lo que vengo haciendo? Ahí está la cuestión: antes de comenzar a elaborar un nuevo código procesal civil, hay que asomar la cabeza y mirar alrededor. No sirve quedarnos con la idea del derecho procesal como “mera técnica” que se esbozaba en los años treinta, pues de esa manera se niega toda la necesaria conexión que debe tener con los derechos humanos y la democracia. Hete aquí el punto de partida, algo redundante: si quiero hacer un sistema de justicia para la democracia, debo construirlo respetando acabadamente los valores democráticos y los derechos humanos. Esto demuestra que el derecho procesal no es “mera técnica”, pues ella se utiliza para edificar conforme los fines propuestos, los que también deben ser examinados por el derecho procesal. De lo contrario, el producto será incompatible con el contexto, y su fracaso tarde o temprano estará asegurado. Basta apreciar el estado terminal de la justicia latinoamericana, que mantuvo los modelos autoritarios impuestos por los códigos de procedimiento desde tiempo inmemorial, aún en democracia.
            Ya tenemos, pues, dos alternativas a la hora de pensar en construir el sistema de justicia: o lo hacemos a la medida de la autoridad que la imparte ―modelo autoritario― o para las personas que recurren a ella ―modelo democrático―. Cada uno de estos modelos o sistemas de enjuiciamiento, deberán alojar normas compatibles con estos fines tratados. En el primer caso, la orientación deberá ser inquisitiva; en el segundo, acusatoria-dispositiva.
            Sin embargo en Latinoamérica, y aquí haciendo alusión específica al proceso no penal, no se avanza en la construcción de un sistema de justicia para la persona humana ―pensado para los derechos―, sino que se insiste en experimentos centrados en la autoridad ―pensado en clave de poder―. Quizá esta concepción sea consecuencia de una nota típica observable en algunos de nuestros países, donde un reverdecer autoritario hace que los derechos sutilmente se conviertan en decisiones o prebendas conferidas por la voluntad de quien tiene poder. Es decir, el poder se impone a los derechos.
            Bajo esta perspectiva, adquiere importancia capital contar con un modelo de justicia donde el protagonista sea un juez dotado de gran poder. Esta matriz la hallamos en todos los códigos procesales civiles latinoamericanos que hunden sus raíces en el italiano de 1940/42. Y ya la panacea es que ese juez omnipotente sea dependiente del poder político.
Volvamos a las reformas procesales civiles actuales en Latinoamérica. No en vano, venimos haciendo mención a que la justicia se reforma y no que se transforma, pues la estructura de las nuevas propuestas es la misma que la del pasado: la base inquisitiva y autoritaria permanece intocada. Basta ir al “nuevo” CGP colombiano aprobado el 12 de julio de 2012, próximo a su total entrada en vigencia, para encontrar un juez inquisidor, que tiene la obligación de probar de oficio y hasta de velar por la “igualdad real” de las partes ―cuestión ésta que resulta exótica e impracticable en el proceso, pero que se la incluye como excusa perfecta para posibilitar el intervencionismo judicial―.
            Si relevamos el contenido de las diversas propuestas reformadoras dejando de lado lo sistémico ―con clara inclinación por el modelo inquisitivo, pese a que se lo enmascare―, encontraremos la inclusión de figuras de neto corte autoritario y que van en desmedro del derecho de defensa: anticipos pretensionales sin audiencia previa del afectado, distribución judicial de cargas probatorias, procedimientos monitorios para supuestos en que corresponde el juicio ejecutivo, principio de colaboración, etcétera. En definitiva, lo que se hace es aumentar la dosis de la misma medicina que no viene curando. Quizá, el código procesal civil y mercantil de El Salvador, por seguir más que el resto a la LEC española vigente se salva de alguna que otra crítica, aunque naufraga en la importante cuestión de la carga de la prueba.  
            Por suerte, en algunos de los países que están en vías de reforma, hay quienes han tomado conciencia que sólo se está vistiendo con ropa de seda a la misma mona. En el caso de Chile, los legisladores están escuchando la opinión ―artículo por artículo― de los redactores y de los detractores del proyecto de CPC. En Brasil, enamorados de las llamadas “cargas probatorias dinámicas” han tenido muy buena recepción nuestras terminantes ―y hasta entonces allí desconocidas― críticas, volcadas en un reciente congreso.
            Sentada la orientación publicística, estatista o autoritaria de las reformas en danza, recalemos ahora en la actualidad argentina.
            Tras el anuncio de lo que eufemísticamente se ha llamado “democratización de la justicia” en discurso presidencial del 1° de marzo de 2013, se ha puesto en marcha un paquete de leyes tendiente a tal fin, aprovechando conyuntural mayoría legislativa. El móvil real de este proceso de reforma, sin dudas, es el deseo de expandir el poder administrador. Nuevamente, el poder antes que los derechos.
            Bajo este premisa ―amén de otras cuestiones que pueden ser aceptables, pero secundarias― no se duda en diseñar una justicia para el poder de turno basada en tres pilares: jueces dependientes, prolongación de los procesos e irrazonable limitación de las herramientas idóneas para detener la arbitrariedad estatal. A través de normas que modifican el Consejo de la Magistratura, instauran las cámaras de casación y regulan las medidas cautelares en los juicios donde interviene el Estado, se buscan lograr los objetivos. La paradoja de esta “democratización de la justicia” es que sus tres pilares violan Derechos Humanos: el derecho humano a ser juzgado por un tercero imparcial e independiente, el derecho humano a que los procesos duren un plazo razonable y el derecho humano a la tutela judicial efectiva, respectivamente. Evidente responsabilidad del Estado argentino, por violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de cara al futuro.
            Así como se señalara que el móvil real de la reforma judicial argentina es la expansión de poder de la administración, este impulso constituye una reacción ―desmedida, pero previsible― a abusos de poder de muchos jueces que, apoyándose en ideas activistas, se han extralimitado en sus funciones. Sin desconocer la cada día más confusa separación entre derecho y política, se han dictado numerosas sentencias de innecesario o indebido corte político. En muchas ocasiones, se ha preferido hacer política con el caso concreto, que aplicarle el derecho. Y las armas predilectas para imponer el decisionismo judicial han sido las medidas cautelares o las autosatisfactivas. Con este modus operandi, quedaba postergado el proceso como garantía ―que es un límite al poder― y se desdibujaba el derecho de defensa en juicio. Por otro sendero, llegamos a ese lugar común donde el poder está por encima de los derechos.
            Por consiguiente no debe extrañarnos que, afortunadamente, la puesta en práctica de la aludida “democratización  de la justicia” encuentre escollos en sentencias judiciales que tratan de poner las cosas en su lugar ―comenzando por el fallo Rizzo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/6/2013―. Aunque, en el fondo, el verdadero debate queda postergado y desteñido por una disputa de poder entre las funciones ejecutiva y judicial. Si bien resulta imprescindible no ya reformar, sino transformar el sistema de justicia, la persona que recurre a la justicia, esos millones que recurren a la justicia, son convidados de piedra.
            Llegamos así a la lección argentina para el resto de Latinoamérica: un CPC que sigue un esquema de concentración de poder en manos de los jueces, a costa de los derechos de las partes, es una reliquia a la hora de instrumentar la expansión del poder político. Y un ideal si se aspira a la suma del poder público, pues una vez dominado el poder legislativo, alcanza con derribar la independencia judicial. En otras palabras, los códigos procesales civiles de Latinoamérica lucen en todo su esplendor una desagradable versatilidad que puede ser usada como autopista para un veloz traslado desde el autoritarismo al totalitarismo. Lo inconcebible es que, pese al peligro que representan para la democracia misma, sean aceptados inadvertidamente en su seno. Demostración de lo expuesto se encuentra en el caso argentino, donde ni por asomo se ha pretendido  cambiar el CPCCN vigente que ―vaya paradoja― fue sancionado en 1968 por el gobierno militar del Gral. Onganía y siquiera objetado en ninguno de los gobiernos democráticos sucesivos, sino apenas ajustado.  
            Estamos convencidos que ya es tiempo de que la madurez llegue al proceso civil latinoamericano. En las últimas dos décadas, se ha tomado conciencia de la importancia de sintonizar el proceso penal con los derechos humanos, a través de una verdadera transformación sistémica: abandonar el viejo procedimiento inquisitivo, y darle la bienvenida al modelo acusatorio. No puede dejar de llamar la atención que, en materia no penal, se transite en sentido diametralmente opuesto. Las últimas reformas aprobadas y las que están en ciernes, no hacen más que confirmarlo.

            Dios quiera que, pronto, tomemos conciencia de que los derechos humanos y la democracia también importan para el proceso civil. El debate por un sistema de justicia que los tenga como presupuestos, es impostergable. No esperemos a que el poder se imponga a los derechos. 

27 de marzo de 2013

¿QUÉ ES EL DECISIONISMO?


         Ya nos hemos referido en este blog a la disputa entre activismo judicial y garantismo procesal, cuestión que sin dudas crea revuelo en el procesalismo de hoy. El activismo judicial ―a primer golpe de vista― puede parecer atractivo si atendemos sólo a la meta ―es decir, si asumimos una postura exclusivamente finalista― pues sus resultados se obtienen merced a un intervencionismo judicial en el método. Por consiguiente, acepta que se sacrifique la igualdad procesal y el derecho de defensa en juicio porque dicho intervencionismo de la autoridad implica modificar las reglas de debate, desplazando a una de las partes para que actúe en su lugar el juez, que ya deja de ser imparcial al perder su impartialidad[1]. Así, queda desnaturalizado el proceso, transformándose en puro procedimiento.

      Cuando la esencia del proceso como garantía se diluye hasta desaparecer, las partes extravían su lugar, su debate y las reglas preestablecidas, languideciendo o extinguiéndose toda posibilidad de control sobre la autoridad, que ahora encuentra el camino allanado hacia la omnipotencia, tan reclamada por algún neoconstitucionalista. Comprendemos la razón de por qué la garantía del proceso es insoslayable en todo diseño jurídico y político que se enfoque en el hombre y sus derechos humanos.
      Una vez confiscada a la persona la garantía del proceso, están dadas las condiciones para algunos excesos. Aquí nos interesa dedicarnos al decisionismo judicial.
      Los problemas para determinar con mayor precisión el ámbito de actuación de los jueces dentro del sistema fue consolidando una tendencia focalizada en la disputa del poder político con los otros poderes del Estado, que a veces se manifiesta en pronunciamientos jurisdiccionales fundados más en la voluntad del decisor que en el derecho.
      Atrás quedaron los tiempos donde se aceptaba la expresión non liquet que emitía el juzgador cuando no asomaba la claridad necesaria para resolver la cuestión[2]. Ulteriormente, razones más bien ligadas a la paz social y a la seguridad jurídica impusieron desde el ordenamiento legal ―incluso haciendo gala de ciertas ficciones― la obligación del sentenciante de pronunciarse en todos los casos. La pretensión se acoge o se rechaza, en ambos supuestos, total o parcialmente.
      Recordemos que la sentencia se debe dictar una vez transitado y agotado un proceso, pues es su objetivo. Esta resolución heterocompositiva reviste una particularidad: llegado el caso, puede ser impuesta a la parte perdidosa que intervino en aquél. O sea, no se trata de una simple decisión ―o mera selección entre alternativas― sino de una que debe cumplirse aun sustituyendo una voluntad con el uso de la fuerza legítima. Por consiguiente, este tipo de decisiones resolutivas no puede ser escindida de la idea de poder.
      Sin embargo, algunos magistrados evidencian una tendencia a dejar de lado el ejercicio adecuado de su poder, salteando límites y controles, inclinándose a no respetar el derecho. Por ello aparecen numerosos casos de jueces que en vez de decidir, practican el decisionismo.
      El decisionismo judicial incurre en el despropósito de pensar que juzgar es únicamente una cuestión de voluntad y no de razón. El decisionista niega los aspectos cognoscitivos, niega lo preexistente, lo predecible a que debe someterse. No considera como operación racional la consistente en decidir de acuerdo con el derecho y en justificar o motivar sus resoluciones, las que solo incluyen argumentos aparentes o pseudo-fundamentos.
      Al referirse al decisionismo judicial y al juez como normador, el profesor Alvarado Velloso[3] indica que en los últimos años, al socaire de una afirmada defensa de la Constitución, algunos jueces con vocación de protagonismo mediático han comenzado a intervenir en toda suerte de asuntos, propios de la competencia constitucional exclusiva de otros poderes del Estado, interfiriendo con ello en la tarea de gobernar. Y, de tal forma, han abandonado el juicioso acatamiento de la ley para entrar al campo del cogobierno y, aún más, ingresando a un terreno muy peligroso: el de una suerte de increíble desgobierno, ya imposible de controlar.
      De este modo ―sigue su explicación― y porque quienes así actúan sostienen que lo hacen por elemental solidaridad con el más débil, con el mal defendido, con el más pobre, con el que tiene la razón pero no alcanza a demostrarla, etcétera, se generó el movimiento que se conoce doctrinalmente con la denominación de solidarismo y que, porque se practica aun a pesar de la ley, decidiendo lo que algún juez quiere a su exclusiva voluntad, también se llama decisionismo.
      Añade que quien así actúa no cumple una tarea propiamente judicial, en razón de que con ello no se resuelven conflictos intersubjetivos de intereses, que es la esencia de la tarea de otorgar justicia conmutativa. Antes bien, practica justicia distributiva sin tener los elementos para poder hacerlo: en primer lugar, la legitimidad de la elección por los votos del pueblo; luego presupuesto adecuado, conocimiento de la realidad general y del impacto que causará en la sociedad el dar a unos lo que las circunstancias de la vida niegan a otros. Finalmente, deja en claro el voluntarismo del que se vale el decisionismo, pues destaca que la denominación decisionista encuentra su origen en el deseo de resolver algo a todo trance que muestra el juez y que está basado en su propia voluntad aunque, a veces, el resultado así obtenido repugne al orden jurídico[4].
      Esta inclinación decisionista que actualmente crece en varios países, conduce en muchos casos a que los jueces en vez de ejercer el poder, lo ostenten primero y lo detenten después. Y por consiguiente, casi sin advertirlo, dejan de juzgar para pasar a sojuzgar. De esta manera, consideramos de vital trascendencia remarcar la necesidad de respetar el método para arribar a la meta. Que las decisiones judiciales sean el objetivo de un proceso y el fruto del derecho.




[1] De allí que el activismo se vea obligado a considerar sólo un concepto limitado de la imparcialidad.
[2] El juez no puede dejar de fallar por insuficiencia u oscuridad de la ley y su decisión debe ser expresa en aquellos procedimientos que no admiten la absolución de instancia. Antiguamente, además de la absolución de la demanda, se conocía la absolución de la instancia, no de la reclamación que se hacía al demandado o de la cosa que se le pedía, sino tan sólo del juicio o procedimiento seguido. Esto se verificaba cuando no aparecían méritos bastantes de las pruebas practicadas para condenarle ni absolverle libremente y no obstante arrojaban los autos lo necesario para persuadirse el juez de la justicia o de la injusticia de las reclamaciones o defensas, aunque no por un pleno convencimiento. En estos casos podía el demandante entablar un nuevo pleito, si había encontrado nuevas pruebas en que fundar su acción ―rectius, pretensión― (Alsina, Hugo: Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2ª  ed., Ediar, Buenos Aires, 1963, t. IV, pp. 88-89).
[3] Alvarado Velloso, Adolfo: El debido proceso de la garantía constitucional, Zeus, Rosario, 2003,  pp. 220-221.
[4] Ibídem, p. 220, nota 39.