Antecedentes académicos y profesionales

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Buenos Aires, Argentina
Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Director del Departamento de Derecho Procesal Civil (Universidad Austral, Buenos Aires). Profesor Adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente estable en la Maestría en Derecho Procesal (Universidad Nacional de Rosario). Profesor Invitado a la Especialización en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y a la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Abogado y experto en litigación. Consultor internacional. Autor de cuatro libros y más de treinta artículos de doctrina, además de haber escrito otros tres libros como coautor y participado en obras colectivas. Sus trabajos de doctrina fueron publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de CPCCN

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Bienvenidos. Muchas gracias por visitar el blog. Encontrarán algunas novedades e información sobre distintas actividades académicas y debates procesales. También se irán presentando mis publicaciones, incluyendo artículos de doctrina relacionados con el derecho procesal y los sistemas de justicia en Latinoamérica. El desafío es construir juntos, a partir de los Derechos Humanos bien entendidos, una justicia mejor, que se ocupe del hombre que acude a ella.
Quedo a disposición para cualquier consulta que deseen en: gcalvinho@gmail.com. También podés seguirme en twitter: @gustavocalvinho
Saludos desde Buenos Aires.
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22 de diciembre de 2013

DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS Y GARANTÍAS


      Para quienes entendemos que el proceso es una garantía, reviste gran importancia la diferenciación conceptual que aquí proponemos. Porque a veces se detecta cierta confusión en la significación y distinción de los derechos y las garantías e, incluso ―en algunas oportunidades― se las emplea como sinónimos, pese a que en el plano jurídico sus conceptos pueden no coincidir.


Germán Bidart Campos
      Desde una perspectiva constitucional se ha entendido que las garantías son el soporte de la seguridad jurídica y que tiene el hombre frente al Estado como medios o procedimientos para asegurar la vigencia de los derechos[1]; son todas aquellas instituciones que, en forma expresa o implícita, están establecidas por la Ley Fundamental para la salvaguarda de los derechos constitucionales y del sistema constitucional. Los derechos, en cambio, son las regulaciones jurídicas de las libertades del hombre[2]. Los derechos conforman la esencia jurídica de la libertad, mientras que las garantías son instrumentos jurídicos establecidos para hacer efectivos los derechos del hombre[3]. Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normativa y efectividad, posibilitando la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional[4].
      Completando el panorama, los derechos importan facultades o atribuciones; las garantías otorgan herramientas o medios para efectivizar los derechos. Sin embargo, se ha avisado que la separación entre derechos y garantías no siempre es nítida, desde que es posible hablar del derecho a articular la acción[5] de hábeas corpus ―con lo que se alude al derecho de ejercer una garantía― y de derechos que pueden también ser vistos como garantías ―v. gr., no ser obligado a declarar contra sí mismo, que también se comporta como garantía para asegurar el derecho a la inviolabilidad de defensa en juicio―[6].
      En nuestra opinión, es importante atender la diferencia conceptual entre derechos y garantías ya que la efectivización de aquéllos son asegurados desde éstas, que funcionalmente constituyen el medio con que cuenta el hombre para defender sus derechos frente a las autoridades, los individuos y los grupos sociales y económicos. A su turno, si posamos nuestra mirada en el sistema constitucional, las garantías también actúan como un instrumento que asegura su misma subsistencia. Por ello, sus alcances no se limitan a la defensa de los derechos, sino también se extienden al resguardo de las instituciones.
      En consecuencia, la relevancia de no confundir derechos y garantías se vuelca al plano empírico a partir de herramientas procedimentales que se utilizan por lo general ante órganos judiciales, aunque no exclusivamente, pues también ―cuando sea pertinente― pueden presentarse ante árbitros. Los doctrinarios destacan además otros casos donde se recurren a vías extrañas al Poder Judicial, como en los supuestos del estado de sitio y la intervención federal, que son verdaderas garantías del sistema constitucional[7]. En esta plataforma ya se comienza a palpar la relación entre derechos, garantías y proceso.
      En el estricto campo de las garantías constitucionales, su manifestación se alimenta con tres elementos:
      1) un interés legítimo asegurado por la Constitución, resultante de un derecho individual, de un derecho social o del sistema institucional[8];
      2) un riesgo o daño para el interés tutelado por la Ley Fundamental y
      3) un instrumento jurídico idóneo para disipar ese riesgo o daño[9].
      Lo expuesto, que usualmente es contemplado desde el prisma constitucional, no se agota allí y es dable examinarlo añadiendo una visión más amplia, inclusiva de los derechos humanos, que como sabemos son reconocidos no sólo en las leyes supremas de los ordenamientos, sino también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ―que surge de las declaraciones, pactos, tratados y convenciones de índole internacional o regional que instituyen, a su vez, organismos políticos, jurídicos, contenciosos y cuasi contenciosos encargados del control y cumplimiento del contenido de esos instrumentos, ratificados voluntariamente por los Estados que los suscriben―[10].







[1] Bidart Campos, Germán: Tratado elemental de derecho constitucional argentino. Nueva edición ampliada y actualizada, Ediar, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 622.
[2] Badeni, Gregorio: Instituciones de Derecho Constitucional, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 637.
[3] Ibídem, p. 637.
[4] Ferrajoli, Luigi, “El derecho como sistema de garantías”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 2/99, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1999, p. 209.
[5] En puridad procesal, en este supuesto corresponde hacer referencia a pretensión en vez de acción.
[6] Sagüés, Néstor Pedro: Elementos de derecho constitucional, 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1997, t. 2, p. 227.
[7] Badeni, Gregorio, op. cit., t. I, p. 638.
[8] Incluso, en algunas de las constituciones más modernas, este interés legítimo puede emanar de un derecho de incidencia colectiva ―ya sea que tengan por objeto bienes colectivos, o se refieran a intereses individuales homogéneos―.
[9] Badeni, Gregorio, op. cit., t. I, p. 639.
[10] Figueroa, Ana María: ”Globalización jurídica, neoconstitucionalismo y crímenes de lesa humanidad”, Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos Aires, t. 2008-A, p. 982. 

21 de noviembre de 2012

LAS CARACTERÍSTICAS DEMOCRÁTICAS DEL PROCESO DISPOSITIVO-ACUSATORIO

               Un sistema democrático enfocado en el hombre y en la vigencia de sus derechos, no puede prescindir de un sistema procesal que comparta y asista a estos fines.
            En líneas generales, el método de enjuiciamiento inquisitivo o inquisitorio muestra un esquema de concentración de poder, actividades y protagonismo en la persona del juzgador preferentemente compatible con regímenes de caracteres autocráticos, pues el acento está puesto más en la jurisdicción que en las partes litigantes. Como consecuencia directa, la imparcialidad y la independencia del decisor no se encuentran sostenidas desde el sistema, que a su vez contiene pocos controles y demasiada discrecionalidad.
            En cambio, el sistema dispositivo o acusatorio permite diferenciar las actividades que se despliegan a lo largo del procedimiento, otorgando roles precisos tanto a la autoridad  jurisdiccional como a las partes. Reconociendo que se trata de un método, promueve el debate de los contendientes en pie de igualdad y acepta el consenso de la autocomposición de manera previa a la resolución heterocompositiva.
            En Latinoamérica, es el procesalismo penal el que recién a finales del siglo XX comprendió en buena medida la correlatividad entre democracia y sistema acusatorio, pese a que las constituciones de la región consagraban ―algunas desde hacía más de un siglo, como la constitución de la Argentina de 1853― dicho método de enjuiciamiento. Por tal motivo se viene generando una corriente ya no de simple reforma, sino de absoluto cambio sistémico del procedimiento penal, sobre todo en Chile, Perú y parte del territorio argentino. Pese a ello, la influencia inquisitiva derivada de la tradición colonial sobrevive en leyes y códigos aún vigentes, principalmente en materia no penal. 
            En la actualidad, se está abriendo paso y marcando tendencia la aceptación de un paralelismo entre democracia y sistema acusatorio. Más aún, mucho se avanza inclusive en la correlación entre sistema acusatorio y regímenes democráticos y entre sistemas inquisitivos y regímenes absolutistas[1].
            Estimamos que, quizás, haya que intensificar esfuerzos en la adecuación conceptual de la democracia, el proceso y el procedimiento considerando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al tiempo que se deben afinar las ideas sobre sistemas, principios y reglas procesales.
            Empero, no tenemos dudas en que el método de enjuiciamiento acusatorio en materia penal y dispositivo en las restantes es el único compatible con la idea de democracia que sostenemos, pues comparten fundamentos basales posibilitando a la persona su plena realización.
            En este orden de ideas, la dignidad humana respetada por la democracia se refleja en el proceso acusatorio o dispositivo merced al ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia del que goza todo acusado hasta que una sentencia firme lo condene.
            La igualdad jurídica, fomentada por la democracia, constituye nada menos que un principio angular en el proceso que posibilita un debate sin preferencias ni privilegios que beneficien a una de las partes en detrimento de su oponente. Porque en el proceso el rico y el pobre, el grande y el pequeño, la mayoría y la minoría, el bueno y el malo, el fuerte y el débil tienen idénticas oportunidades de actuar, defenderse y ser oídos. Igualdad que se conjuga con la imparcialidad del juzgador.
            El consenso también es recibido, confiriendo a las partes el protagonismo en el impulso del proceso y reconociendo que si su derecho es transigible antes que sea involucrado en un litigio, también lo será en el proceso, motivo por el cual podrán autocomponerlo.
            El diálogo, imprescindible para la democracia, también lo es en el proceso acusatorio o dispositivo, ya que se sustenta en el debate entre las partes que a su vez debe ser ineludiblemente escuchado por la autoridad antes de pronunciarse. Tan así que el objeto del proceso es el debate mismo.
            La seguridad, otro de los pilares del sistema democrático, es acogida en un método de enjuiciamiento que sigue reglas preestablecidas y conocidas, pero que también resuelve los litigios respetando el derecho y no pareceres voluntaristas de quien decide.
            Y la libertad, finalmente, no sólo se mira en el espejo de la iniciativa de la acción procesal, de la pretensión, del impulso procedimental y de la autocomposición tal como las acepta el sistema acusatorio o dispositivo. Porque el proceso que sigue lineamientos democráticos, ni más ni menos, constituye el bastión de la libertad de las personas y la última alternativa para hacer efectivos los derechos.
            Sin dudas, concluimos que el proceso jurisdiccional enmarcado en el sistema dispositivo-acusatorio es inherente a la propia naturaleza humana. Sin él, la realización de los derechos humanos quedaría a merced del poder, fulminándose toda posibilidad de subsistencia de una democracia pro homine, ya que el hombre deja de ser el centro del sistema. En rigor de verdad, el proceso hace posible que el sistema reconozca a los derechos humanos como inherentes a las personas y no como una dádiva que otorga el Estado ―rectius, los que ejerzan el poder―.




[1] Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trad. castellana de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés. Trotta, Madrid, 1995, p. 636, nota 84.